domingo, 8 de junio de 2014

El socialismo democrático convertido en aporía: la "democracia económica"




Este breve posteo es una crítica al concepto de “democracia económica”, y lo armé recopilando todo lo que escribí alguna vez al respecto: borradores, anotaciones a mano, fragmentos de artículos, notas al pie, etc. (de manera similar a como hice con mi artículo sobre el panteísmo marxista). Espero, pues, se disculpe que el tono del texto oscile entre la glosa pedagógica, el excurso teórico y la anotación al margen. Es un análisis a vuelo de pájaro, pero no creo que necesite visitar mucho más de cerca el tema para llegar al mismo resultado.

Crítica de la economía política (y de la política económica)

La “democracia económica” no existe. La democracia es, en sí misma, política (esta conclusión que doy por adelantado es fácil de explicar, pero conviene tenerla en cuenta desde el principio). Lo que existe, o a lo sumo existiría, es una democracia en la administración de la economía, o sea, la utilización de una “política democrática” para la organización de la economía. Si a tal cosa se puede llamar propiamente economía, es una discusión aparte.[1]
Hablar de “democracia política” y de “democracia económica” es, por tanto, una trampa semántica. Democratizar algo es ya transformarlo en un asunto público y político, es gobernarlo. La democracia es de naturaleza política. 
Por supuesto aquí cabe una obvia necesaria aclaración. Es cierto que un gobierno para ser democrático requiere que el pueblo lo controle, pero eso no significa que al ponerlo bajo el control popular se lo esté "democratizando". Precisamente democratizar implica la existencia previa de una democracia, o sea, de un gobierno-del-pueblo. Luego y sólo desde allí se puede democratizar otra cosa, o sea, una vez que dicho pueblo controla al gobierno y a través de él democratiza algo más (que necesariamente debe ser otra cosa que no sea el gobierno mismo). Es importante hacer esta aclaración, porque mucha de la defensa de la democracia económica confunde, casi inconscientemente, estas dos diferentes instancias. De esa forma pasa desapercibido el carácter gubernamental de cualquier democratización tras la imagen de que "democratizar" algo significa que ese algo se pone simplemente "bajo control del pueblo". Para redondear y dejarlo claro: los gobiernos no se "democratizan", se ponen bajo control popular y así se vuelven democracias. La política, lo "crático", no se "democratiza" para que sea popular, sino que se vuelve política democrática porque se convirtió antes en popular. 

¿Socialismo del pueblo ó socialismo democrático?

Ahora bien, si aclarando esto pretendemos aplicar la misma lógica para la economía, o sea, si lo que se propone es poner la economía sobre control popular, entonces tal cosa deberá hacerse sin un gobierno. Debería crearse una gran gestión general (no estatal) de todas las empresas, y someterla a elecciones generales. O sea: crear una sola administración pública no coercitiva, limitada al dominio de todas las empresas existentes, convirtiéndola en última instancia en una sola. En tal caso sí se podría hablar de una economía del pueblo sin democracia económica. ¿Es esto posible? No, no lo es. Y precisamente porque no lo es, es que es necesario para sus defensores apelar a la democratización de la economía, o sea, al sometimiento de las empresas a un poder político democrático. ¿Por qué no lo es? Analicémoslo antes de seguir adelante, y siempre recordando algo que es crucial durante todo el artículo: cada vez que decimos democracia estamos diciendo política, y por eso no tiene sentido hablar de política democrática ya que estaríamos diciendo dos veces política. Veamos entonces si podemos hacer del pueblo al oikos de la misma forma que hacemos del pueblo a kratós, de forma que para lograr el socialismo del pueblo no se necesite un socialismo democrático:
1) Para hacer que un gobierno pase a estar en manos del pueblo (democracia) se requiere libertad política, y en el caso de la política se pueden lograr ambas cosas porque la libertad de organizar y dirigir un partido político no implica ejercer el poder político, con lo cuál no será sujeto de la administración político popular. Sujeto y objeto, pueblo y política, están en dos lugares distintos. Un democracia, una política popular, no implica entonces poner bajo control del pueblo a su vez a la libre formación de partidos que la hacen posible y que hacen a la asociación colectiva que la controla algo libre (no discutiré aquí que la participación en dicha asociación es muy limitada y se realiza sólo cada cuatro años para delegar autoridades). 
2) Para hacer que el capital pase a estar en manos del pueblo (¿demoeconomía?) se requiere libertad económica, pero en el caso de la economía no se pueden lograr ambas cosas porque la libertad de armar y disponer de una empresa implica ejercer "poder" económico, lo cuál se volverá sujeto de la administración económica popular. Sujeto y objeto, pueblo y economía, están en el mismo lugar. Una ¿demoeconomía?, una economía popular, sí implicaría que hay que poner bajo control del pueblo a su vez a la libre formación de empresas que la harían posible y que harían a la asociación colectiva que la controlara algo libre (véase que esto no implica que la libertad económica requiere que todos los integrantes del pueblo sean miembros de una empresa, sino que tengan la posibilidad de serlo, de la misma forma que la libertad política no requiere que todos los integrantes del pueblo sean miembros de un partido, sino que tengan la posibilidad de serlo).
En resumen: un socialismo popular no-político es imposible, puesto que al minar la independencia de su miembros éstos pierden el control sobre el mismo. El pueblo no puede dar y recibir órdenes sobre las mismas cosas y al mismo tiempo. Si se asegura que las órdenes se emitan, no podrán ser recibidas y la organización colectiva del pueblo se disgregará nuevamente en un mercado (un pueblo no-socialista). Si se asegura que las órdenes se reciban, no podrán ser emitidas y la organización colectiva del pueblo se separará del mismo en un Estado (un socialismo político que el pueblo deberá intentar controlar, cosa que, por la misma razón ahora agravada, todavía menos podrá hacer). Como bien explicaría Marx en su mapa de ruta, Sobre la cuestión judía: en donde los habitantes individuales no tienen un poder social privado que determina su función económica (que vincula la división del trabajo por lazos de mutua dependencia personal), sino que lo privado (vuelto totalmente económico y viceversa) está separado de lo colectivo (vuelto totalmente político y viceversa), o sea, donde la economía y el poder están escindidos en sociedad civil y sociedad política, toda la independencia de un individuo respecto de cualquier organización depende de una propiedad individual separada de esa misma organización. Desde dentro de una burocracia no hay capacidad de tener control socialmente seguro sobre la misma, ni siquiera en el más alto cargo salvo por una presión social externa. Precisamente por eso en la sociedad civil los individuos dominan sobre cada una de las burocracias creadas (ya que el reconocimiento social de su propiedad se los posibilita) pero la suma de los mismos en el mercado impone su dinámica anónima e inconsciente sobre esos mismos individuos empresarios, y en la sociedad política la burocracia domina a los individuos (ya que no consiguen reconocimiento social para apropiársela) pero la suma de los individuos en el Estado se subordina a las voluntades personales y conscientes de los líderes políticos. 
Si entendemos democracia, pues, por su verdadero significado, y queremos “democratizar” una empresa, lo primero que habría que hacer es estatizar la empresa (incluso a costa de sus trabajadores), esto es, ponerla bajo la esfera de la política. Luego, que ese Estado esté en manos del pueblo (tal vez convenga garantizar esto antes). Como anteúltima condición, asegurarse de que el pueblo por entero pueda administrarla a través del gobierno, a pesar del restrictivo embudo de información que significa para la representación del pueblo un gobierno de un presidente y unas decenas de legisladores, en un país de millones de habitantes que envían sus decisiones a través de un papelito cada cuatro años. Si tal embudo intentara agrandarse con una red de asambleas, el problema sería todavía mayor, ya que intentar fusionar las directivas recibidas, en vez de filtrarlas y simplificarlas, no terminaría de representar a nadie. Y, finalmente, resta el problema anterior: garantizar la independencia de los integrantes del pueblo respecto a la democracia ejercida sobre todos los aspectos de la vida, ya que si se aplica sobre todas las empresas, se aplicará sobre las acciones económicas libres sobre el patrimonio que posibilitan su creación. La independencia económica requiere el derecho a convertir los ingresos en una empresa, y de dicha independencia depende la autonomía de los actores políticos, como bien terminaran sintetizando Robert Dahl y luego Giovanni Sartori en sus obras sobre las condiciones liberales de la democracia.
Pasemos, entonces, a lo que sigue.

El socialismo sin adjetivos antes del socialismo democrático

La definición miseana de Estado como la sociedad en su aspecto político, que coincide con la clásica y la marxiana, implica que es orgánicamente la única instancia en la que la sociedad civil puede organizarse en una forma colectiva distinta de sí misma.
Un estatismo general (por más autocrático que sea el Estado) implica la colectivización de la sociedad (cuya cabeza política es a su vez el Estado). Y en una sociedad moderna formada por individuos separados, no cohesionados socialmente por otra vía que el mercado, el socialismo no puede tomar otra forma que la dirección estatal.
Para Marx, en la modernidad mercantil la sociedad civil no puede existir independientemente de la sociedad política, y viceversa. De ahí la hipótesis de que mágicamente la estatización general (que sólo podría llevarse a cabo por el proletariado revolucionario y los dirigentes comunistas) llevaría al colectivismo: el Estado total disolvería a la sociedad civil, y con ésta al Estado mismo, que migraría sus funciones directivas a la comunidad entera ya que ésta no requeriría que el órgano de planificación social fuera coercitivo y político. El fin de la colectivización estatal total y el comienzo del socialismo sin Estado serían dos aspectos de un solo evento. Lenin, desde el comienzo, probó lo contrario.

El mercado o la empresa: ¿dónde está Kratos?

Si tomamos como análisis la sociedad entera, no hay autocracia económica alguna, sino un proceso de mercado determinante, que no es autocrático ni democrático. Por lo general, para volver brumoso este punto, la unidad de análisis utilizada es la empresa, que aparentemente sería una “autocracia no política”.
Hay que dividir, pues, la situación capitalista que enfrentan los demócrata-económicos, en dos instancias, ya que sólo así se puede ver claramente lo que sucede:
1) Hacia afuera de la empresa ésta no tiene ningún control ni de parte ni hacia los consumidores, de los cuales obtiene sus recursos a posteriori y a cambio del producto ya fabricado.
2) Hacia dentro de la empresa sí habría una “autocracia” de los propietarios privados (o, mejor dicho, una apoderamiento socialmente legitimado de la burocracia y de sus puestos directivos, a la manera en que el absolutismo monárquico lo tiene frente a la cosa pública política), pero estos propietarios fueron los creadores de la empresa y de allí deriva la legitimidad contractual de la propiedad en base a un derecho igualitario o “burgués” basado en una igual y no contradictoria forma de adquisición individual de la propiedad (lockeana). Por otra parte, el control que los propietarios de una empresa ejercen a través de la burocracia interna se limita a lo estipulado en el contrato de trabajo y en la relación social asalariada. Jamás tiene ésta un alcance político o de sujeción coercitiva sobre los asalariados.[2]
En el caso 1, sencillamente, el sufijo “cracia” no es válido ni tiene sentido alguno, ya que el proceso de mercado no es coercitivo (ni para liberales ni para marxistas al menos).
En el caso 2 no existe “autocracia” por parte del gerente, ni “monocracia” u “oligocracia” por parte de los accionistas, ya que no ejercen un control forzado de una empresa que no fuera suya previamente, así como no ejercen la fuerza contra los operarios salvo lo pactado a cambio de un salario y que se corresponde con la compra del trabajo.

¿Democracia sobre toda la economía o “democracias” en cada empresa? Votemos

Veamos entonces y empecemos por el final: en el caso 2 la “democratización” implica, si se utiliza metafóricamente, una exigencia de control de la gestión por parte del total de los operarios contra la voluntad de sus creadores, o bien la expropiación de estos últimos. Si en el caso 2 se utilizara este concepto literalmente, la democratización implicaría el acceso de todos al control del uso de la fuerza (violando el monopolio estatal del mismo) para la administración de la empresa y de sus operarios.
En el caso 1, en cambio, la democratización implica, ya sin muchas metáforas posibles, la administración política de la economía y el control democrático del Estado que la monopolice. Excepcionalmente se podría interpretar tocquevillianamente como la dispersión de la propiedad empresarial sobre el capital dentro de un mercado sin subdividirlo (por ejemplo: expropiando y distribuyendo a la fuerza acciones y derechos de gestión) o dividiéndolo (destruyendo el gran capital y creando pequeñas empresas familiares), pero esto no sería propiamente hablando una democratización de la economía (control popular del proceso de mercado) sino una suerte de “democratización de la propiedad” en cuanto a crear una sociedad de propietarios de capital en una economía que seguiría siendo mercantil y libre. Pero esto es otra cosa.
En la esfera cubierta por el primer caso, la autocracia no tiene sentido para definir al ámbito del mercado. Esto queda claro. Pero, sin embargo, y paradójicamente, es el lugar donde podría utilizarse, en los hechos, la autocracia o la democracia (políticas ambas) para organizar la economía contra el mercado.
En la esfera cubierta por el segundo caso, tiene cierto sentido definir metafóricamente como “autocráticas” a las empresas capitalistas y de “democráticas” a las cooperativas, pero en tal caso la aplicación extensiva y forzada de esta reforma “democratizadora” de las empresas implicaría realizarla por fuera del proceso contractual del mercado. Si se supone que este último mantiene conmutativamente la propiedad de los bienes en las de sus propietarios legítimos por su forma de adquisición en base al trabajo originario (Nozick) y a la vez que esta adquisición no se realimenta socialmente en relaciones de explotación del trabajo ajeno (o sea, que la vulgata marxista esté equivocada: que el valor de los bienes dependa de las relaciones de utilidad marginal y no de tiempos socialmente necesarios de trabajo, y que, por ende, las propiedades tiendan a corresponderse con el valor real del esfuerzo realizado en ellas por quien las posee en vez de con el valor-trabajo de fuerzas de trabajo por un lado y de plusvalores apropiados por el otro) entonces no hay ninguna razón para promover la “democratización” de bienes, en este caso empresas, que no han sido creadas ni por todos ni mucho menos colectivamente. Si alguien crea una empresa que crece, vía actividad empresarial por su utilidad, y obtiene un capital mayor y un número mayor de asalariados, dicha empresa de un tamaño mayor que el de su propietario no es prueba de que sea fruto del esfuerzo no retribuido de un número mayor de personas. La empresa no es resultado de una “autocracia” que por medios políticos se haya apropiado de los trabajadores o de su trabajo y así armara su capital (en el caso de la teoría del valor marxiana el trabajo es expropiado del asalariado en forma no violenta por la presión del propio proceso de mercado, pero en cualquier caso no sería autocrática y luego otra debería ser la justificación del uso de la fuerza, no así la democracia como si la burocracia empresarial fuera política). Sencillamente no hay “cracia” de ningún tipo que sea la que determinó su existencia, y la administración interna (gestión patronal incluida) es posterior a la creación de la empresa y limitada a la misma. Una empresa capitalista no se crea a posteriori de un secuestro, ni convierte en rehenes a quienes allí van a trabajar.
Todavía más: si una empresa es “democratizada” en este último sentido, su control “popular” igualitario ya no podrá legitimarse en forma de propiedad privada de uso libre para todos los que integran la empresa, ya que las relaciones que la legitiman han sido ilegitimadas y estarán en contradicción con ésta en todo momento.[3] Este archipiélago de “democracias económicas”, impuesto por una reforma política, sólo sería una suma de pequeñas “cosas públicas” administradas, cada una, “republicanamente”. O sea: serían gestionadas participativamente, pero no serían propiedad de quienes las integran.

Premisas de la justificación y resultados de la ejecución en ambos modelos de “democracia económica”

Volvamos a analizar los dos aspectos analizados de la economía, para que esto quede todavía más claro. Como dijimos, tenemos: 1) el mercado y 2) las empresas. En el mercado funciona lo que los marxistas llaman “división social del trabajo” basado en una coordinación ex post libre. En las empresas existe en cambio una “división técnica del trabajo” que opera mediante una coordinación ex ante pautada, aunque voluntariamente aceptada mediante un contrato dentro del mercado.
Ahora bien, desde el punto de vista de una deontología democrática, ni el primer ni el segundo caso puede legitimar ningún reclamo de democratización, y esto es así en base a sus mismos presupuestos: el concepto de igualdad de derechos civiles y el concepto de cosa pública llevan al principio democrático sólo en referencia a instituciones creadas por todos y cuyo poder se ejerce sobre todos, que son las únicas sobre las que se pueden reclamar igualdad de derechos políticos. Como vimos, en (1) el productor, sencillamente, no debe nada al público ni a los consumidores que aceptan el producto a posteriori (ex post) de ser producido a costa única del productor y al cuál recién financian al momento de la compra si aceptan el precio acordado; en (2) el propietario tampoco le quitó la empresa al asalariado; el obrero no creó la empresa como para demandar una propiedad, ni privada ni colectiva, que le de derecho a la gestión de la misma; y la relación entre trabajo y capital no es de explotación y no explica esta división por realimentación positiva con origen en una soñada acumulación originaria.
Pasemos entonces a la cuestión práctica: la “democracia económica” en el caso 1 implica total control político de la economía sin independencia de los habitantes para ser poseedores de su trabajo y/o del producto del mismo, a cambio de una participación ciudadana en dicho control. En el caso 2 implica la transformación de toda empresa creada o a ser creada, o sea, toda empresa posible, o bien en una sociedad entre propietarios privados y empleados eventuales (a menos que éstos se vuelvan propietarios) en la que haya un control de la gestión por parte de todos los involucrados (del “pueblo” de la empresa) tanto hacia adentro (gerencial) como hacia afuera (empresarial), o bien en un “colectivo”, una mini burocracia sin control privado (ni de empresarios ni de obreros) “autogestionada” bajo un control similar y “democrático”. Por lo general la propuesta oscila entre diferentes variaciones de ambas opciones.

¿Socialismo del pueblo o cooperativismo obrero? Contingencias del destino histórico

Vayamos pues a las definiciones: el ejemplo 1 implica el socialismo propiamente dicho, mientras que el 2 es una suerte de sindicalismo económico o cooperativismo enquistado en una sociedad que puede o no ser socialista.
Es importante, en cualquier caso, tener en cuenta que la etimología de las palabras ayuda en este caso: “democracia” significa “uso de la fuerza en manos del pueblo”. La “democracia económica” significa entonces “uso de la fuerza sobre la economía en manos del pueblo”. El uso de la fuerza organizado de una sociedad es el Estado. Como vimos antes –y aunque muchos prefieran no reconocerlo– cualquier administración social colectiva debe ser política. Y vimos que cualquier administración política sobre la totalidad de los recursos también es necesariamente un socialismo.
Socialismo, por ende, no es corolario de lo que quieren titular como democracia económica, sino meramente de lo que podría denominarse apenas una “cracia” económica sin sujeto. Sólo un imaginario socialismo del pueblo sería corolario de una “democracia” económica.
La aclaración de esta diferencia no es un detallismo filosófico-político, sino la única forma de poner en alerta sobre el cambio de carácter de una economía de mercado a una economía planificada coercitivamente, que está implícito en el reclamo de “democratización” de una economía. El concepto ayuda a pasar por alto que la causa del carácter no democrático de la economía mercantil no es un tipo de política sino su naturaleza civil, o sea: que el carácter no democrático de la economía capitalista no proviene de que el uso de la fuerza no está en manos del pueblo, sino del simple hecho de que no hay kratos, no hay poder alguno implicado en la organización misma. Que, por ende, así como las empresas son libres en un mercado, los consumidores también lo son, y es a estos últimos a quienes las empresas sirven ofreciendo bienes a cambio de una recuperación del dinero que éstas utilizaron en la producción, marcando el camino de la misma y de los diferentes trabajos que para ella se realizan.

Los girondinos ganan, los jacobinos pierden: el fin de la “democracia económica”

Por tanto podemos decir que en cierto sentido tenía razón Mises cuando decía que la economía de mercado es lo más parecido a una “democracia económica” (que funcionaría en paralelo a la “democracia política”), ya que la organización política de los recursos es, precisamente, política y no económica, no conciliable con la forma de la participación popular en la economía, y que por tanto tiene una dinámica distinta a la que tiene en política (iguales votos ciudadanos que se afectan mutuamente en el ámbito público, frente a billetes desiguales de consumidores independientes entre sí en el ámbito privado).
Se podría decir que estas dos formas de entender la democracia son adecuadas respecto al funcionamiento orgánico de una sociedad moderna igualitaria y de masas, siempre que se entienda por pueblo y por gobierno cosas muy distintas en ambos casos. En el caso capitalista el “poder democrático” sería más bien un control de la producción a posteriori (a través del producto) y por ende no forzado, por parte de individuos que forman un público de consumidores separados no implicados mutuamente y que intercambian con las empresas sus recursos. Pero si el lenguaje debiera ser riguroso, no debería hablarse de “democracia económica” sino de “potestad económica del pueblo” al dominar el público los recursos cuyo retorno requieren las empresas para repetir el proceso de producción, y por el cual deben entregar un producto a su servicio.
La "democracia económica", entendida de esta forma, llevaría así más adecuadamente lo económico como adjetivo: sería un tipo distinto de democracia, o sea, de naturaleza económica. Y la naturaleza pura de la economía, abstraída de elementos políticos y culturales, es el mercado. En tanto el mercado es popular, puede llevar dicho título. Los individualistas capitalistas consideran que ese mercado existe (los marxistas también, pero creen que los individuos en éste son libres y enajenados a la vez). Los individualistas mutualistas, aunque consideran junto a aquellos que la libertad negativa en el mercado es absoluta y real, no consideran que ese mercado esté allí. Los populistas, por su parte, consideran que el mercado no es popular, y los social-liberales que no es igualitario en cuanto a las libertades positivas. Como se ve: es equívoco hablar de “democracia” para lo económico, y lleva a equívocos mayores.
El gobierno (en el contexto de una democracia bien entendida, o sea, política), en cambio, sí que puede controlar por mandatos a priori toda la economía, pero al costo de abolir la economía libre, por una parte, y de posibilitarle al poder ejecutivo un uso discrecional de los recursos del pueblo que el pueblo mismo no puede más que delegar. Lo que en dicho caso significa elegir a un presidente para que cumpla una muy simple plataforma política: que haga lo que quiera.
Queda, por supuesto, otra opción: que el pueblo le de un simple “sí” con su voto a un enorme y complejísimo programa económico que explicite en dicha plataforma hasta el último detalle de lo que se hará en el país con hasta el último tornillo, semilla y hoja de papel. El único inconveniente es que dicho modelo debería ser estático durante todo el mandato.



[1] El espacio de lo económico en estado puro puede y de hecho existe: es la sociedad mercantil en Smith, sociedad civil en Hegel y Marx, es el orden espontáneo en economía en Hayek, la sociedad de mercado en Polanyi. Si esta es la economía en su estado “natural”, con sus propias leyes a las cuáles deben adaptarse todos los demás aspectos de la vida social en tanto éstos operan a través de ella ¿es correcto llamar “economía” en su sentido más propio, a otra cosa que no sea el mercado?
[2] Paradójicamente esto tiende a suceder en cuanto la burocracia se libera de una tutela privada: cuando una empresa queda bajo el control de un colectivo que depende de la burocracia misma y la disputa, los obreros no pasan a ser propietarios privados de la misma sino, con suerte, poseedores en tanto voluntad que afecta al conjunto empleado en la misma y al cual deben su trabajo.
[3] Como resultado, las nuevas empresas “democratizadas” deberán serlo no en el mismo sentido que una empresa privada de todos los obreros que la reclaman socialmente por la historicidad de la propiedad, o sea, de su creación con independencia de quienes la integren, sino como una entidad colectiva o pública que se posee a sí misma, en la cual se pasa a formar parte sólo en tanto y en cuanto se la integre, y cuyos intereses son externos y distintos a los de sus miembros individuales. Incluso una cooperativa es una sociedad formada por integrantes privados que asumen ser propietarios igualitarios de dicha propiedad, pero la empresa y toda su organización no es un fin en sí mismo, sino que lo es la sociedad por éstos armada y con las condiciones por éstos establecida. Por esto mismo una cooperativa puede no estar administrada democráticamente pero sí poseída democráticamente (sólo una llamada “cooperativa obrera” cumpliría ambos requisitos). En cambio una empresa que no fuera poseída sino considerada una pequeña célula “pública” de producción (en la que el “público” serían los integrantes de la misma) sí podrían ser consideradas más propiamente “autocráticas” o “democráticas” dependiendo de que las decisiones sobre la misma estén en manos del director de la misma o de todos sus miembros, pero el interés colectivo de la empresa legitimaría a cualquiera de las dos. Para entender mejor las posibilidades en una burocracia empresarial, pensemos en los equivalentes en la burocracia política: la empresa privada capitalista (suponiéndola de un solo socio) sería análoga a lo que llamamos como monarquía absoluta; la empresa privada cooperativa (o cooperativa obrera o de obreros socios capitalistas) no tuvo un equivalente político comparable ya que el feudalismo disgregó cualquier organización política colectiva; la empresa “autocrática” sin propietarios privados sería análoga a una república autocrática bajo un líder político o militar; la empresa “democrática” sin propietarios privados sería análoga a una aristocracia de toda la clase política y la clase militar (debería incluir a ambos en tanto partes de la burocracia estatal). Véase que no analogo esta última a una democracia, ya que el pueblo no la integra, aunque en el caso de la burocracia política se considera merecedor de su control a toda la población civil a pesar de no estar a cargo de la misma, en tanto se encuentra sometido a la misma. Curiosamente, algo parecido sucede con ciertas legitimaciones del socialismo democrático contra un mercado de cooperativas obreras, ya que aunque las organizaciones burocráticas de las empresas subsumirían a casi el total de la población, ésta en conjunto se vería afectada por las mismas sin tener propiamente control sobre ellas. Por tanto una democratización real de las empresas (en el sentido literal y más adecuado del término) requeriría la abolición de toda autonomía real de las múltiples “empresas democratizadas” y el sometimiento de todas a una organización colectivista controlada por toda la población, o sea, un socialismo del pueblo (que si requiere coerción será político-democrático, y si dicha coerción requiere el control de una institución separada entonces será político-estatal democrático).
¿Se va a culpar al colectivismo centralizado del fracaso del socialismo, como si fuera una contingencia histórica fuera de toda profecía marxista, para así poder imaginar un futuro asambleario sin autoridad central, un socialismo participativo por pequeñas secciones de población? Todavía hoy hay panegiristas que intentan revendernos literalmente la mentira soviética con la que engañaron a tantos rusos: la contradicción de un socialismo subadministrado regionalmente (que sería la burla de Mises para que Lenin se sincerara). No sólo se habla de los soviets, también se apela a los CDR cubanos y las comunas chinas, como formas de “democracia directa”, superadoras del Estado burgués. Son sin pudor promocionadas por progresistas que saben que en el futuro serán “su fin”, ocultando que fueron formas de organización totalitaria de la sociedad, y que dependen por necesidad de las directivas de un movimiento único revolucionario o un partido único revolucionario, encargado a su vez de dirigir a una guerrilla o bien a un Estado si ya conquistaron el poder. Jamás son estas comunas comunistas independientes de éste, ni luego de la conquista del poder político por los revolucionarios, ni antes, ya que son éstos sus promotores y organizadores tutelares. Es este partido o movimiento el que establece sus condiciones, su disciplina, su ideología y hasta la cultura y la simbología política que deben adoptar. Para estos partidos únicos los “poderes populares” son meras extensiones y no entidades antiestatales con las que pudieran entrar en conflicto (desde Kronstadt sabemos lo que le sucede a un soviet si no sigue la línea comunista). Son y deben ser una extensión del Estado marxista, y una forma de autocontrol totalitario que hace a los ciudadanos partícipes del aplastamiento de su libertad individual. Marx ya había dejado en claro que la organización del proletariado en clase se daba en la forma de partido político. El colectivismo implica el centralismo más absoluto, y por eso toda asamblea depende de un ministerio. Si la Comuna de París pudo participativamente planificar su propia economía y sociedad lo ponemos en duda (al menos no fue libremente), pero si así fue, que algo similar pueda suceder a escala nacional requiere que exista una única comuna nacional, o bien muchas pequeñas economías separadas dentro de una misma nación, lo cual sería un disparate. En cambio, si hay una única economía planificada nacional, la función de varias comunas será lateral o bien subordinada. No es novedad que estas formas de “poder popular” demuestren que se puede reemplazar al Estado, ya que toda comunidad agraria de aldea puede acaparar sus funciones políticas o compartirlas con un señorío no estatal, como parte autónoma en una sociedad segmentada y por tanto sin una economía compleja unificada. La cuestión que de aquí se habla es, aun en un segmento de la población de igual tamaño, un “poder popular” entendido como un poder total: una planificación consciente de todas las relaciones sociales de un pueblo por parte de todos sus integrantes coordinados colectivamente. Que el pueblo en asamblea se encargue de la misma tarea que un Estado socialista, o sea, organizar autoritariamente toda la vida económica y social, es algo muy distinto. Y, además, se pretende suplir estas funciones superestatales socialistas en toda una economía compleja y extensa. Ya no sólo es difícil una autoplanificación socioeconómica por parte de todos los que participan en dicha vida y cumplen funciones distintas a las directivas, se torna absolutamente imposible hacer lo mismo a la escala de una nación moderna sin una delegación burocrática.